Aborto: Ser o no ser… gratis y legal

La discusión sobre la legalidad del aborto y su gratuidad bifurca caminos y soluciones. Esperanza y negación en las opiniones de los actores sociales comprometidos -y no- con la causa de esta acción ilegal, pero vigente.

Por Antonella Pedemonte, en Fronteras #6

El pedido por el aborto legal, seguro y gratuito no fue la excepción en el país movido en cuanto a reclamos sociales. El caso de Belén, la chica tucumana que en abril de 2016, tras pasar dos años encarcelada, fue condenada por la Cámara Penal a ocho años de prisión, reabrió la polémica y movilizó a organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. En marzo de 2017, su defensa presentó el recurso de casación y fue absorbida, recuperando así su libertad pero ¿quién le devuelve esos años que pasó encerrada injustamente?

Belén, fue acusada de homicidio agravado por alevosía pero la realidad es que sufrió un aborto espontáneo, motivo por el cual la organización mundial “Amnistía Internacional”, así como también organizaciones feministas nacionales, juntaron firmas para su liberación, que se dio luego que la Suprema Corte de justicia tucumana resolviera dejar sin efecto la sentencia a ocho años de cárcel que se le había aplicado. En declaraciones a la prensa, cuando quedó libre, Belén afirmó que ella estuvo presa “por ser mujer y humilde, por no tener plata para pagar una clínica privada, por no haber abierto la boca y no responderle a la doctora, porque no me asesoraron ni me escucharon, y por haber tenido un aborto espontáneo”.

Frente a este caso, la Organización de las Naciones Unidas pidió a la Argentina que revise su legislación sobre el aborto porque éste “resulta muchas veces inaccesible por falta de instrumentación de protocolos médicos, objeción de trabajadores de salud y otros obstáculos” y pidió que se introduzcan excepciones a su prohibición. Si bien el Código Penal nacional establece que la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido, es un “delito contra la vida”, dicho código establece como aborto no punible “el que se practicare a fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer (aborto terapéutico); o el que interrumpiere un embarazo fruto de una violación”. Es decir, si bien en la ley no se reconoce la propia autonomía del cuerpo a las mujeres, existen excepciones. El problema se genera cuando la justicia no las hace cumplir y las mujeres recurren a otras vías.

DINERO “NEGRO” Y MUERTE La campaña Aborto Legal, Seguro y Gratuito calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Esta realidad genera un negocio redituable: según una investigación realizada por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucra $1000 millones anuales. Sin embargo, el dinero ilegal no es lo único que se acumula con el accionar clandestino del aborto. Las muertes forman parte del conteo. Según estadísticas del Ministerio de Salud, mueren más de 100 mujeres por año al someterse a este tipo de prácticas no consensuadas por la ley, además de ser la principal causa de muerte materna.

La solución a estos decesos evitables sería la sanción de proyectos de ley como el redactado por la diputada Victoria Donda que pretende convertir al aborto en un “derecho”  y  de esta forma, contempla la legalidad acompañada de la gratuidad para que el derecho abarque a la sociedad femenina y la educación sexual como vía para prevenir. Donda afirma que “las mujeres y la sociedad en su conjunto se merecen saldar esta deuda pendiente de la democracia y abrir el debate de manera seria y responsable en búsqueda de una sociedad más justa y equitativa donde el Estado garantice educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

El tomar a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental de la mujer implica que los servicios de salud del sistema público garanticen el acceso gratuito, como deben hacerlo también los seguros sociales de salud y los sistemas privados, incorporándolo a las prestaciones brindadas por sus coberturas. Esto implica que el Estado no sólo derive más dinero para resguardar la vida de las mujeres, sino que a la vez se contrate más personal de salud, se creen instalaciones y se consigan los insumos requeridos.

DOCTOR ABORTO Germán Pablo Cardoso es médico cirujano, oriundo de Tandil. Reconoce que desde 2000 realiza abortos a mujeres de todas las edades y de 📷diferentes clases sociales. Afirma que lo hace “por la militancia de la decisión libre de las mujeres” y que la sociedad lo juzga “cuando en la Argentina se hace un aborto por minuto, la mitad de ellos sin cuidados médicos”. Para Cardoso, este tipo de prácticas no sólo son realizadas por médicos de manera ilegal, sino que también por enfermeras y parteras, aunque hay un porcentaje de “gente que no es nada” y que las mujeres “al tener que recurrir a esa gente por falta de información, o por falta de medios, es cuando empiezan los problemas de salud”.

Así, como hay médicos que piensan de igual modo que Cardoso, es decir, se encuentran a favor de la legalización del aborto, están los que creen que esta práctica va en contra de su propia moral y por ende no lo realizarían. Por lo que en caso que se apruebe una ley que admita la interrupción del embarazo se debería generar un listado de profesionales de la salud que estén dispuestos -y quienes no- a realizarlo para que cada hospital -ya sea público o privado- sepa con cuántos médicos cuenta para cubrir ese espacio.

DISIDENTES A pesar del apoyo social hacia la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la que participó el colectivo #NiUnaMenos, de gran notoriedad, los sectores conservadores no cambian su opinión. Si bien, el Papa Francisco dio un paso histórico al autorizar la absolución indefinida del aborto por parte de los sacerdotes “Para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios”, el sacerdote Gustavo Antico, de la Arquidiócesis de Buenos Aires y secretario de la Comisión de Laicos y Familia de la Conferencia Episcopal Argentina aclaró que “lo que dijo el Papa en el sentido pastoral no cambia la postura de la Iglesia, que es velar por el ser humano desde la concepción”.

Si tenemos en cuenta que para el derecho civil una persona comienza a ser sujeto de derechos desde la concepción pero por el otro lado entendemos también que la mujer tiene derechos y por ende debería poder decidir por sobre su cuerpo, encontramos una encrucijada que no tendrá solución a menos que se cambie la legislación y se termine con esta paradoja legal.

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